martes, 25 de enero de 2011

Los crímenes de las grandes compañías Farmacéuticas - Parte I “El caso de la disfunción sexual femenina”

LOS CRÍMENES DE LAS GRANDES COMPAÑÍAS FARMACÉUTICAS - Parte I “El caso de la disfunción sexual femenina”
Por Teresa Forcades i Vila (Teresa Forcades i Vila es monja benedictina. Doctora en medicina y doctora en teología.)

En el breve periodo que va de 2000 a 2003, casi la totalidad de las grandes compañías farmacéuticas pasaron por los tribunales de EEUU, acusadas de prácticas fraudulentas. Ocho de dichas empresas han sido condenadas a pagar más de 2,2 billones de dólares de multa. En cuatro de estos casos las compañías farmacéuticas implicadas -TAP Pharmaceuticals, Abbott, AstraZeneca y Bayer han reconocido su responsabilidad por actuaciones criminales que han puesto en peligro la salud y la vida de miles de personas. ¿Cuáles son esas actuaciones? ¿Quién recibe sus consecuencias? ¿Qué mueve a las compañías farmacéuticas a actuar de tal forma? ¿Qué respuestas están teniendo lugar ante esos abusos y cuáles deben producirse aún? En este Cuaderno estudiaremos las actuales estrategias de esta industria y el impacto directo que éstas tienen en la forma en que concebimos la salud y la enfermedad y en los recursos que tenemos para promocionar la primera y prevenir o curar la segunda.

1.El Caso de la disfunción Sexual Femenina.
En el año 1997 –pocos meses antes de que Viagra apareciera en el mercado– ya había tenido lugar en Cape Cod (Nueva York) el primer encuentro de especialistas médicos para determinar el perfil clínico de la “disfunción sexual femenina”. La iniciativa, organización y financiación del encuentro corrieron a cargo de 9 compañías farmacéuticas muy preocupadas por el hecho de que no existiera una definición de este trastorno compatible con un potencial tratamiento farmacológico. Los promotores de tal encuentro eligieron entre sus colaboradores directos las personas que debían asistir al mismo. El objetivo de la reunión era diseñar la estrategia adecuada para crear una nueva patología en función de los intereses económicos de la industria farmacéutica.

Un año y medio más tarde, en octubre de 1998, se celebró en Boston la primera conferencia internacional para la elaboración de un consenso clínico sobre la disfunción sexual femenina. 8 compañías farmacéuticas financiaron esta conferencia y 18 de los
19 autores de la nueva definición “consensuada internacionalmente” admitieron tener intereses económicos directos con estas u otras compañías. Un año más tarde, en 1999, apareció un artículo en la revista JAMA titulado “Disfunción sexual en EEUU: prevalencia y variables predictivas”, en el que se afirmaba, supuestamente con objetividad científica, que un 43% de la población femenina de EEUU sufría la “nueva enfermedad” definida según los intereses de la industria farmacéutica. Los pasos seguidos para identificar a la “población enferma” fueron los siguientes: 1) se elaboró una lista de 7 “problemas” considerados cada uno de ellos de suficiente peso como para justificar el diagnóstico de la nueva enfermedad si una mujer los había presentado durante dos meses o más en el último año; 2) se pasó el cuestionario a una muestra de 1.500 mujeres; 3) se evaluaron los resultados de forma que responder “Sí” a uno solo de los ítems se consideró criterio suficiente para identificar la enfermedad. Uno de los 7 ítems era la ausencia de deseo sexual. Es decir, que las mujeres que respondieron que no habían tenido deseo sexual durante dos meses o más en el último año, automáticamente independientemente de si estaban de luto por la muerte de un ser querido, preocupadas por falta o por exceso de trabajo, atrapadas en una relación insatisfactoria o gozando de una etapa de plenitud interior–, quedaron etiquetadas de “disfuncionales” y pasaron a engrosar el porcentaje de candidatas potenciales para el tratamiento que la industria farmacéutica confiaba poder desarrollar en breve. Dos de los tres autores del citado artículo tenían vínculos económicos con laboratorios farmacéuticos.

El mismo año, en octubre de 1999, tuvo lugar un tercer encuentro sobre el tema, organizado por la Facultad de Medicina de la Universidad de Boston, pero promovido y financiado por 16 compañías farmacéuticas. El 50% de los asistentes admitieron tener intereses en la industria farmacéutica6. Del encuentro surgió el Fórum para la Función Sexual Femenina, que celebró dos conferencias más en los años 2000 y 2001 en Boston gracias a la financiación de 20 compañías farmacéuticas, lideradas por Pfizer. En el año 2003, esta manipulación de los criterios médicos en función de los intereses comerciales fue denunciada por Ray Moynihan en una de las revistas médicas de mayor prestigio, el British Medical Journal.

Los editores de la revista recibieron en 6 semanas un total de 70 respuestas y comentarios con relación al artículo de Moynihan. 2/3 de las respuestas fueron de apoyo y confirmaron la indignación de los profesionales de la medicina ante dicha manipulación aunque, como deja bien claro una de las respuestas, sin ellos no podría producirse. 
 Si los médicos no colaborásemos con los abusos de las compañías farmacéuticas, esos abusos no acontecerían. En diciembre de 2004, la agencia reguladora de los medicamentos en EEUU impidió que se comercializara el primer medicamento destinado a sanar la “disfunción sexual femenina” (el parche de testosterona de los laboratorios Proctor y Gamble). Los responsables  de los estudios clínicos –todos financiados y supervisados por Proctor y Gamble– habían presentado sus resultados de forma sesgada, de modo que lo que eran unos beneficios dudosos y unos más que probables efectos secundarios peligrosos (cáncer de pecho y enfermedad cardiaca) se anunciaban como beneficios claros y riesgos negligibles.

De momento aún no ha sido desarrollado ningún otro medicamento para la disfunción sexual femenina, entre otras cosas debido a una creciente conciencia por parte de todos los agentes implicados de los efectos nocivos del exceso de influencia de las compañías farmacéuticas en el ejercicio de la medicina.

La disfunción sexual femenina (como cualquier otra enfermedad) tiene que ser estudiada en función de los intereses médicos de las mujeres afectadas y no en función de los intereses económicos de algunas de las empresas más ricas del planeta.

2. El Caso de los medicamentos anti-SIDA en África.
El 23 de marzo de 2005, el parlamento indio se vio obligado a aprobar, por imperativo de los acuerdos internacionales de la Organización Mundial del Comercio (OMC), una nueva ley de patentes que modificaba la de 1970 para que en el futuro la comercialización de medicamentos en India estuviera sometida al sistema de patentes. Hasta aquel momento, en caso de que los propietarios de las patentes hicieran un uso abusivo de las mismas (por ejemplo, proponiendo precios inasequibles para la población india), los laboratorios farmacéuticos de India podían producir legalmente preparados genéricos de medicamentos que aún estaban protegidos por patentes en los países ricos.

La industria india de genéricos daba trabajo en el año 2003 a 500.000 personas en más de 20.000 empresas (que, mediante contratos subsidiarios, daban trabajo a un total de más de 2,5 millones de personas)12. De acuerdo con la ley de 1970 que en marzo de 2005 fue derogada, los genéricos indios podían ser comercializados en otros países pobres, como la mayoría de países del África subsahariana, donde hoy residen más de 30 de los 40 millones de personas infectadas con el VIH en todo el mundo. Según informes de la ONU del año 2003, más de 30 millones de personas están infectadas con el VIH en el África subsahariana. En el estado de Botswana, por ejemplo, el 40% de las mujeres están infectadas por VIH, y en el de Lesotho lo está un tercio del total de la población13. Por falta de medicamentos antirretrovirales, tres millones de africanos mueren todos los años de SIDA.

La industria farmacéutica india de genéricos ha sido hasta el momento fundamental para asegurar el acceso a los medicamentos a un porcentaje ínfimo (menos del 1%) pero creciente de la población de los países pobres, especialmente el acceso a los medicamentos antirretrovirales necesarios para tratar la infección por VIH. Gracias a esta libre competencia que eliminaba el sistema de patentes, el precio del tratamiento antirretroviral se había reducido en el año 2004 de 1.500 a 150 dólares por persona
y año. Además, dado que no tenían que respetarse las patentes que obligan a producir cada medicamento por separado, los laboratorios indios podían combinar los tratamientos múltiples en una sola pastilla. La reducción del coste y la simplificación del tratamiento que supone la combinación de tres principios activos diferentes en una única pastilla han tenido efectos dramáticos en la posibilidad de tratar con éxito la epidemia de SIDA.

A escala mundial, unas 350.000 personas en tratamiento antirretroviral dependen de la producción de genéricos en India. Este número representa la mitad de la totalidad que toma tratamiento antirretroviral en los países en vías de desarrollo. Ello significa que menos de un 2,5% de los seropositivos por VIH reciben tratamiento en los países en vías de desarrollo. Millones de personas mueren todos los años a causa de ello. Con el reforzamiento internacional del sistema de patentes, todos los medicamentos creados entre 1995 y 2005 más todos los que se creen a partir de 2005, estarán protegidos por la patente y no entrarán en competencia libre, con lo que su precio puede encarecerse más de 10 veces (como mínimo). Y esto, en cuanto a los medicamentos esenciales para tratar la infección de VIH, otras infecciones muy prevalentes y potencialmente mortales (como la malaria o la tuberculosis) o el cáncer. Entre 1995 y 2005 ha habido en India 8.926 demandas de patentes que, debido a la nueva
ley impuesta por la OMC, ahora deberán ser revisadas. De estas casi 9.000 patentes, más de 7.000 proceden de multinacionales
extranjeras, con el gigante farmacéutico Pfizer al frente. Pfizer es hoy la mayor compañía farmacéutica del mundo, y uno de los principales agentes económicos en EEUU.

Pfizer doblegó al gobierno francés en 2002 con la amenaza de retirarse de Francia si sus demandas no eran atendidas, es decir, si el gobierno francés ponía pegas a sus precios claramente abusivos; el gobierno francés cedió y no hubo escándalo. Si un estado de la Unión Europea como Francia tuvo que ceder a sus demandas, ¿con qué fuerza política podrían oponerse a la imposición de pactos bilaterales desventajosos los países en vías de desarrollo? La relación directa entre la imposición de una patente y la mortalidad de la población puede ejemplificarse con el caso de Brasil. En Brasil, desde que se votaron leyes que prohíben patentar los medicamentos aparecidos en el mercado brasileño antes de 1997, pudieron producirse localmente equivalentes genéricos de 8 de los 12 antirretrovirales disponibles mundialmente con una reducción de promedio del coste del 79%.

En el año 2003 se constató que se había estabilizado la epidemia y se había reducido la mortalidad a la mitad. Con la nueva legislación internacional la producción de genéricos de Brasil también quedará bloqueada. Por su interés, reproduciremos a continuación algunos extractos de la carta que Karim Laouabdia, portavoz de la campaña para el acceso a las medicinas esenciales de Médicos sin Fronteras (MSF), dirigió el 20 de septiembre de 2005 a Pascal Lamy con motivo de su elección como director general de la Organización Mundial del Comercio (OMC):
“La crisis VIH/SIDA ha evidenciado la necesidad urgente de asegurar que los medicamentos esenciales estén disponibles a precios asequibles. Hoy, aproximadamente la mitad del millón de personas que reciben tratamiento antirretroviral en los países en vías de desarrollo dependen de la industria de genéricos. Las dosis combinadas que se producen en India simplifican enormemente la administración del tratamiento antirretroviral y han jugado en papel crítico en hacer llegar el tratamiento a las áreas de escasos recursos.

La Declaración de Doha de la OMC del año 200117 representó un paso fundamental para aumentar el acceso a los medicamentos. Esta declaración apoya de forma clara a cualquier gobierno en la tarea de proteger la salud de su población utilizando las brechas legislativas del ADPIC para superar las barreras impuestas por el sistema de patentes, y ayuda a los países menos desarrollados extendiendo el periodo de transición libre de patentes hasta el año 2016.

Desde entonces, sin embargo, hemos asistido al desmantelamiento sistemático de la Declaración de Doha mediante acuerdos comerciales bilaterales que imponen niveles de protección de la propiedad intelectual mucho más elevados que los exigidos por la OMC.

El impacto de la protección de patentes en los programas del VIH será muy evidente en los próximos años, en los que un número muy elevado de pacientes que se encuentran hoy en tratamiento se verán obligados a sustituir su actual tratamiento por medicamentos más nuevos, de segunda línea. Estos medicamentos son de promedio de 4 a 10 veces más caros que los de primera línea, y casi todos son o serán patentados en países pobres que tendrían la capacidad de producirlos en versión genérica (India, Brasil y Tailandia).

(...) Además, el impacto de la nueva legislación de patentes no se limita a los medicamentos antirretrovirales, sino que afectará de forma progresiva a todo el conjunto de enfermedades por lo que refiere a los medicamentos que se desarrollen a partir de ahora.

(...) Hasta el momento –y en contra de las promesas realizadas– el aumento de la protección de patentes en los países en vías de desarrollo no ha contribuido al incremento de la investigación. Muchas enfermedades graves son simplemente ignoradas. Vivimos las consecuencias de ello en nuestro día a día asistencial: cuando se trata de diagnosticar la tuberculosis en personas infectadas por VIH; al tratar enfermedades tropicales como la leishmaniasis, que afecta a 12 millones de personas; en el seguimiento de los infectados con el VIH y en el tratamiento de los niños con VIH...”

Menos de 3 meses después de haber expuesto la urgencia de esta situación ante la OMC, Médicos sin Fronteras emitía un comunicado de prensa en el que denunciaba que, además de prohibir la producción de genéricos en los países pobres, las compañías farmacéuticas se negaban a comercializar en dichos países los medicamentos que no les aportaban suficientes beneficios. El ejemplo que ponían era el de la combinación antirretroviral Kaletra de la casa Abbott. La casa Abbott ha comercializado recientemente una versión del Kaletra que no necesita refrigeración. A pesar de la gran utilidad que un preparado así tendría en el contexto africano, debido a las elevadas temperaturas y a la frecuencia con que se interrumpe el suministro eléctrico, la casa Abbott se ha negado a comercializarlo en África. En cuanto a otro de los medicamentos antirretrovirales recomendado por la OMS, el Tenofovir, la casa Gilead, que tiene su patente, tampoco lo ha comercializado en África.

Salu2 a tod@s y Felíz cumpleaños a Beatríz Tolentino que hoy esta de cumpleaños

Mr. Moon.
La vida es un 10% como viene y un 90% como la tomamos.

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